Barcelona Estudia La Legalidad De Desokupa Y Abogados La CuestionanNada más generarse el errado intento de desalojo de un piso del Raval por parte de la empresa especializada Desokupa, un representante del distrito de Ciutat Vella se refirió al episodio como , «métodos indignos» y como un procedimiento «irregular». Mas el Municipio de Barna insiste ahora en que está «estudiando la legalidad» de la actividad de esta empresa que supuestamente media al lado de la vía judicial para recuperar domicilios ocupados sin contrato o bien por los que no se paga alquiler. Ni siquiera los abogados consultados por este diario coinciden en el diagnóstico, en tanto que la percepción de la intimidación o coacción es tan sutil como para bordear la ley.El municipio liderado por la regidora Ada Colau, con pasado activista contra los desahucios, afirma estar analizando los procedimientos de Desokupa para establecer si están en la legalidad. Pero, conforme fuentes municipales, en el caso de tratarse de una práctica incorrecta no sería el consistorio quien tendría que intervenir sino la Inspecció Territorial de Treball de la Generalitat, al corresponder al campo de la compañía. De momento, a los Mossos no les constan denuncias de inquilinos que hayan podido ser coaccionados. La pelota semeja estar en el tejado de nadie, a pesar de la alarma social.La lentitud del proceso «desespera» a los propietariosLos abogados del ICAB consultados, si bien cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es preciso agilizar la vía judicial porque el propietario está en la actualidad bastante desamparado por la ley. La situación suele ser «desesperante para el dueño», mantiene la penalista Mireia Balaguer, en tanto que el proceso civil por un desahucio puede ser lentísimo, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además de esto, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es concluyentes si un propietario se toma la justicia por su mano: uno no puede cambiar la cerradura ni recuperar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta agrega que si la solución fuera más ágil, no llegarían a penetrar estos desalojos paralelos, «pero si se tarda 1,5 años en llegar a recobrar un piso» hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales durante un tiempo, y tras perder la vivienda volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin abonar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.En este distrito fue donde , en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy distinto al que Desokupa hizo en Gràcia en abril, donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.PRESENTACIÓN CORRECTAPara Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barna (ICAB), cita para renovar el nie la actividad de la empresa en los términos de intermediadora en que se publicita en la red, abogando por pactos y sin procesos legales, aparenta ser adecuada. La ley es clara al contemplar solo el pacto amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin consentimiento o bien con coacciones debería ser puesto en conocimiento de la policía o bien la fiscalía al «perturbar la posesión» del domicilio. «Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo» a fin de que el juez establezca si es o bien no ilegal.Con amenazas o bien entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la solidez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rapado, los tatuajes en ciertos casos o bien su presencia en conjuntos de 4 o bien 5 para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, considera que la estética sí es relevante, y que no es exactamente lo mismo percibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el mentado aspecto, capaz de suscitar temor al ocupante. Meridianamente sería «coacción» situar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los problemas de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coartes, insiste. De ahí que, los vecinos de la finca pidieron a los mossos en agosto que identificara al conjunto de Desokupa.La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace años, aunque sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el temor podría ser irracional y que es suficiente con «generar la sensación» a fin de que se produzca la coacción, según su actitud. Otra penalista experta en estos casos asume la dificultad de valorar la actividad: «Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita policia extranjeria para un delito» (en especial en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), mas no sé si ganaría un litigio", reflexiona, ante las aristas del caso.No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no acostumbra a acontecer porque quien vive ilegalmente en una vivienda (muy frecuentemente colectivos vulnerables) no acostumbra a recurrir a la policía, salvo que medie alguna entidad, como en el Raval.  Desde la política, hasta el momento solo ha movido ficha un diputado del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus «vínculos con la extrema derecha». Un fenómeno reciente y bajo sospecha1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. 8 hombres de la empresa Desokupa se presentaron en Cánido Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido una parte del inmueble para imposibilitar su uso. Los Mossos conocieron entonces su existencia, afirman.2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo veloz, ciertos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo blog se anima a denunciar a los afectados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo afirma desconocer que existan decenas de casos como los que asevera haber llevado a cabo la compañía. 3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Aconseja a los dueños que sufran una okupación o bien un proceso de impago que asistan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofreciendo asimismo mediación y asesoría a quienes están del otro lado, al filo del desahucio. Solicitan que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.4- CiU ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de CiU en el consistorio, pide que se denuncie cualquier coacción o intimidación sea de empresas o particulares. Abre una reflexión a que algunos confíen más en una empresa que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. Y si Colau ha hecho que aumente «la sensación de impunidad de los okupas».