Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por cien De Los Inmigrantes ArgelinosLa polémica política suscitada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados ya antes a la predisposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, alarmantes e inclusive irregulares». En concreto, el Instituto de Abogados estudia elevar una queja ante el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los 509 inmigrantes llegados a la ciudad en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado. Este colectivo profesional asimismo quiere conocer los motivos por los que la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento provisional, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el veinte de septiembre, el Ayuntamiento tuvo perseverancia mediante taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos intentarían alcanzar más tarde Bélgica y Alemania.«No tenemos ni la más mínima idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»
Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados frente al juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero remota opción alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Argumentan que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», o sea a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para acudir a un detenido por otro tema pero no a estos.El Instituto advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el veinte de septiembre y el nueve de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción 5. Esa cifra de ciento seis personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, en frente de las costas de la Región, conforme la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otro modo, el ochenta por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por cita previa extranjeria huellas policia nacional Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta ayer por el Instituto de Abogados, la institución que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.La mayoría de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza
El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, cita previa para expedicion de tarjeta de identidad de extranjero casi con toda probabilidad, la corporación demandará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.«No tenemos ni idea de de qué forma se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Instituto consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial completamente brutal, incluso cara la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. En estas últimas dos oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el piloto o bien 'paterista' de una de las embarcaciones, así como a 6 por el asesinato por imprudencia de un niño de once años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, por el hecho de que hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional queja ante el Consejo de Europa. Este especialista apuntó asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de contestar hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, Partido Popular, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración». El dispositivo de hace dos años
Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras muchas cosas por el hecho de que cincuenta de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre recostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.En el Colegio de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, cita previa para expedicion de tarjeta de identidad de extranjero coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allá tomaron declaración a doscientos ochenta y cinco de los 534 inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.Los argelinos acabaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte controversia por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernamental, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo precisamente porque el asimismo popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.