Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones «ilegales» De Inmigrantes Desde Canarias A MauritaniaLas ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están realizando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.Esta asociación denuncia que aquellos conjuntos de personas que llegan a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor ocasión de expresarse, defenderse o de pedir asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.Una vez allá, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y aquiescencia de las españolas, los trasladan a Mali.Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios, en la que los grupos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las atrocidades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o bien para transformar a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco.Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo ciento treinta y cuatro de nuestra Constitución, los diferentes acuerdos internacionales de derechos humanos, pedir cita huellas el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o bien de manera indirecta, expulsar a absolutamente nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o bien padecer daños inhumanos o bien degradantes.Desde esta asociación se insiste en que «el peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, insolente y repugnante».Para Solans «el procedimiento que se emplea es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en efectuar la expulsión. En esos diez días terminan en uno de los tres Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero raras veces cuentan con asesoramiento jurídico serio».En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al tiempo, el CIE de Lanzarote está prácticamente completo con lo que estos inmigrantes acaban en Tenerife. «La comunicación con el letrado es insuficiente con lo que la merma de sus derechos es evidente».Apunta que «tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un acuerdo de colaboración entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos».La única solución cita previa para tramites de extranjeria salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna organización sin ánimo de lucro presente una petición de asilo para de este modo frenar dicha salida «pero en la práctica no suelen cuajar, porque pasa por una ventana del propio CIE y, en muchos casos, esta petición no prospera».Sentencia del TEDH no es excusaA su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, puesto que en este caso no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.La Asociación de Extranjeristas pide que el Ministro del Interior ponga fin «inmediatamente» a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos y cada uno de los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se queja de su falta de concreción "todavía aguardamos una política de inmigración seria. Desgraciadamente vemos lo habitual. Es el caso de las vallas que se van a poner más altas en Ceuta y Melilla", apunta.A juicio de este experto en extranjería es importante tender a una minoración importante en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, como a una «racionalización, puesto que se tenderá a emplear las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de todo un campo social».Servicio de orientación jurídicaPara esta asociación el servicio de orientación jurídica es «absolutamente indispensable, dado quela estructura de los diferentes Institutos de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes».«Nos consta por alguna O.N.G. que habitualmente se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y esta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo que constituye una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no va a poder jamás expulsarse a absolutamente nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto». En este contexto aseguran que «si no nos queda más antídoto deberemos acudir a los tribunales».En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos «cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al abogado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo».  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa. «En plan masivo no se conseguirá nada», concluye.