Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por ciento De Los Inmigrantes ArgelinosLa polémica política generada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». Concretamente, el Colegio de Abogados estudia elevar una queja frente al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los 509 inmigrantes llegados a la ciudad en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado. Este colectivo profesional también quiere conocer los motivos por los que la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento temporal, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el 20 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo perseverancia por medio de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barcelona y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos procurarían lograr posteriormente Bélgica y Alemania.«No tenemos ni la más remota idea de si les han tramitado los expedientes o bien si los han liberado directamente»
Según señalaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o bien con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero remota alternativa es que, al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Argumentan que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», esto es a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desprotegidos, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para acudir a un detenido por otro tema pero no a estos.El Colegio advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el nueve de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción cinco. Esa cantidad de 106 personas equivale al veinte por cien de los 509 inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, frente a las costas de la Zona, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra manera, el ochenta por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta el día de ayer por el Instituto de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África.La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza
El miembro del Congreso de los Diputados segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, prácticamente con toda probabilidad, pedir cita extranjería la institución reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.«No tenemos ni idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Instituto estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial completamente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, sacar cita para extranjeria si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. En estas últimas 2 oleadas, la Policía consiguió que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, como a seis por el homicidio por imprudencia de un pequeño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber depravado «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una ocasional protesta frente al Consejo de Europa. Este especialista apuntó asimismo que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua española y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.A través de un portavoz, xt_blog Jiménez anunció su compromiso de contestar hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, xt_blog en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración». El dispositivo de hace dos años
Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras cosas por el hecho de que medio centenar de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre recostados en sillas, bajo una carpa de tela y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.En el Colegio de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de FP Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los 534 inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.Los argelinos acabaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernamental, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo precisamente pues el asimismo popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a 60 argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.