Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración16/02/2019 16:51 — Actualizado: 18/02/2019 10:03Saltarse un stop conlleva una multa de doscientos euros. No obstante, abogado reagrupacion familiar a un pucelano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al considerar injusta la infracción. «Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, pero al final su palabra prevalece, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes», explica el abogado que llevó la defensa del conductor.La sorpresa vino una vez desechada la demanda del conductor, cuando el letrado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal como notificó. A raíz de las impulsadas en dos mil once por, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Esto es, se pasó del 'quien denuncia sin fundamento paga' a, directamente, solicitar cita tarjeta comunitaria 'quien pierde paga'. «El ciudadano no se puede proteger cuando debe demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse en frente de actos de la Administración, en muchas ocasiones arbitrarios o desmesurados», demanda el letrado, que pide continuar en el anonimato.Cada año se registran prácticamente dos millones de casos menos en la vía penal y, no obstante, tardan un 45 por ciento más en resolverse y cada vez hay más gente con antecedentes, ¿por que?A tenor de la información recopilada por El Reservado de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), cita previa extranjeria huellas policia nacional este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha atrevido a batallar contra las instituciones en los tribunales. Desde 2011, los procedimientos presentados de año en año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un 32 por ciento (de doscientos noventa a 196.000), lo que ha motivado a su vez que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos ocho años (de trescientos ochenta casos amontonados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, ya que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las resoluciones de la Administración frente al peligro de ser condenados en costas.La Ley 37/2011 se llamó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde luego lo consiguió, «mas a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas reglas cercenan sus derechos haciendo poco a poco más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la », apunta el abogado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de doscientos euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a cien euros; y encima si pierdes, el letrado del Estado, es decir, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté absolutamente loco".

Todos en contra

Desde un primer momento, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, en especial los económicamente más vulnerables. «Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la disminución de asuntos, lo que resulta singularmente grave porque ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano en frente de la actuación de la Administración y, por qué no decirlo, en frente de los abusos de la Administración», solicitar cita tarjeta comunitaria señalan desde el, mientras que critican que la meta de la reforma de dos mil once «fue reducir el número de procedimientos judiciales y con esto restringir el derecho de acceso a los tribunales».Para algunos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, pues se trata de un costo que el contribuyente ya está costeando mediante sus impuestos. «A los abogados de la Administración ya les pagamos un sueldo entre todos. Además de esto, en muchas ocasiones la administración responde de forma totalmente automática, y hasta que no recurres no se miran los papeles. Te obligan a recurrir cuando podría ser considerablemente más eficaz», explica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada.El rechazo masivo de los abogados al comienzo judicial del 'quien pierde paga' ha sido apoyado incluso por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, magistrado en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la especial incidencia de este criterio en «los temas de menor cuantía, que de forma casual son los que afectan al ochenta por cien de la población». Entre estos, Chaves solicitar cita tarjeta comunitaria las multas de baja cuantía, inconvenientes tributarios menores, subvenciones denegadas o permisos de funcionarios.Las costas surten un fuerte efecto disuasivo para un asustado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferenteChaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en el mes de abril de 2015, al aseverar que «las costas desincentivan al particular, pero no al político ni a la Administración como persona jurídica». El magistrado recuerda que las administraciones encaran el pago de las costas con cargo a los presupuestos públicos, costeados mediante los impuestos. «Tal imposición de costas en asuntos de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasivo para un atemorizado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferente», resumió el juez.«Las grandes beneficiadas en este asunto son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en detrimento de la tutela judicial efectiva. El Estado legisla desde el poder legislativo y protege al poder ejecutivo», añaden desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: «A la postre se trata de dificultar que el ciudadano pueda proteger sus derechos frente a la Administración».

Arbitrariedad de los honorarios

Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Pero además de esto, si bien la medida lleva ya 7 años en vigor, los abogados aún no saben a qué atenerse si sus casos son condenados en costas, por el hecho de que la cuantía de sus honorarios no está regulada y acostumbran a imponerse las totales. «Es absolutamente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han tenido que pagar 800 euros de costas y otros hasta mil quinientos», explica la abogada Mónica Huerta, especializada en extranjería, precisamente uno de los grupos frágiles a no recurrir por el riesgo de las costas.No puede compararse al abogado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del EstadoSin embargo, cuando es la propia Administración la que debe de pagar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: «Muchas veces no cubren para nada el costo del pleito, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del cliente del servicio en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste», agrega Huerta. Esta abogada denuncia asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, nuevamente, dependa del criterio de cada juez: «Es fácil saber, según el juzgado que te toque, si te va a mandar abonar costas o no. Al final, se convierte en un filtro».«No puede compararse al letrado de la calle», destaca el letrado de la multa de tráfico, «al profesional liberal, que debe mantener su despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada».Aparte de la disminución de casos judiciales contra las administraciones y el inconveniente de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento en el momento de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde 2011. O como indica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada, «al final solo recurre el que está plenamente seguro de que ganará».

Reforma legal que va a morir con la legislatura

Paradójicamente, el propio PSOE ha presentado una, bloqueada en la Comisión de Justicia y que, para volver a la situación precedente a la reforma legal impulsada por Zapatero en dos mil once debido a «las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato dispar que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas», expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.«Comprendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino que a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o bien culposa, es decir, con mala fe o temeridad», añade.Sin embargo, para el miembro del Congreso de los Diputados andaluz la causa de la disminución de los temas judiciales en los últimos tiempos hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en 2012 por la parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. «Queremos valorar si una hipotética condena en costas puede ser disuasivo para el ejercicio del derecho de acceso al proceso», apunta.Desde el, en cambio, lo tienen claro: «En frente de los privilegios de la Administración, el ciudadano se halla en una situación de inferioridad y, cuando menos, se debe permitir —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles frente a los abusos».Fe de errores: en una versión precedente del reportaje se indicaba que José Ramón Chaves García era juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando desde hace un par de años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.--
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