Las protestas de los inmigrantes y de los profesionales que los representan, se han aumentado debido a la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, en tanto que no han podido acceder a una cita previa para poder efectuar los trámites de extranjería proclives a regularizar su situación en España.
A tenor de ello, tras las protestas constantes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una recomendación al Ministerio del Interior para que, solicitar cita previa para nie con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita anterior para pedir protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta el momento para mitigar esta situación siguen siendo deficientes para dar contestación a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Las protestas por las demoras excesivas para conseguir una cita anterior no constituyen una novedad para dicha Institución, que lleva tiempo advirtiendo sobre los inconvenientes y dificultades a los que se encaran los ciudadanos extranjeros por este motivo, habiendo dictado numerosas resoluciones a este respecto.
Así, ya en diciembre de dos mil dieciocho, el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales a fin de que se entregase un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener perseverancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para lograr una cita para poder pedir protección internacional, que después se daba sin resguardo acreditativo y para un año más tarde.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por reagrupacion familiar cita otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Institución le preocupa en especial -y así se lo ha transmitido al Ministerio del Interior- que se garantice el derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de efectuar la entrevista en una dependencia conveniente y que el funcionario que la haga tenga la formación necesaria.
Por todo ello, y como refleja el Informe Anual 2019, el Defensor solicitó que se revisase con emergencia la cooperación de la Policía Nacional para encarar la administración de las solicitudes de asilo, en lo que se refiere a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación, encontrándonos a fecha de el día de hoy con un trámite más consolidado y más garante con los derechos del extranjero, procediendo a proporcionar al ciudadano extranjero de una documentación identificativa en el momento que manifiesta la voluntad de solicitar cita previa para nie el asilo y con validez hasta el día de la cita asignada, dónde se empezará la tramitación del expediente de protección internacional.
No obstante, proseguimos con la demora en las asignaciones de la cita para empezar el trámite, lo que conlleva una limitación en los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como un retraso excesivo en la resolución de las peticiones.
Para el Defensor del Pueblo, el papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de peticiones en un plazo muy corto de tiempo, pero esa colaboración que se propuso como algo puntual se está alargando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema.
Por todo ello, a data de el día de hoy, todas las partes implicadas debiesen reunir sacrificios para solventar la problemática planteada, trabajando para ir en la dirección adecuada, facilitando una mayor accesibilidad en los trámites de extranjería, tanto a los ciudadanos extranjeros como a los profesionales que, en suma, son los garantes de sus derechos y en quienes los ciudadanos extranjeros depositan su confianza, demandando por su parte por parte de estos una conducta profesional íntegra, honrada, fiel y ágil. David Barrachina Gil es miembro de Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y Presidente de la Sección de Extranjería
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