Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por cien De Los Inmigrantes ArgelinosLa polémica política generada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a la predisposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, alarmantes e incluso irregulares». En concreto, el Colegio de Abogados estudia elevar una protesta frente al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo 65 de los quinientos nueve inmigrantes llegados a la ciudad en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado. Este colectivo profesional asimismo desea conocer los motivos por los cuales la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento provisional, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el 20 de septiembre, el Ayuntamiento tuvo constancia por medio de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos intentarían alcanzar más tarde Bélgica y Alemania.«No tenemos ni la más mínima idea de si les han tramitado los expedientes o bien si los han liberado directamente»
Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero recóndita opción alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. Argumentan que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro tema pero no a estos.El Instituto advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción cinco. Esa cantidad de ciento seis personas equivale al 20 por ciento de los 509 inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, frente a las costas de la Zona, conforme la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el ochenta por cien de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.En teoría, todos y cada uno de los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta el día de ayer por el Instituto de Abogados, la institución que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barcelona y Zaragoza
El miembro del Congreso de los Diputados segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, prácticamente con toda probabilidad, la institución demandará de forma oficial explicaciones acerca de la actuación de la Policía y del aparato gubernamental del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.«No tenemos ni la más mínima idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Colegio estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial totalmente brutal, incluso de cara a la competencia del juez penal, si es precisa su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. En estas últimas 2 oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, así como a seis por cita para renovar nie extranjeria el asesinato por imprudencia de un niño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una eventual queja ante el Consejo de Europa. Este especialista señaló también que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua española y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración». El dispositivo de hace un par de años
Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras muchas cosas pues medio centenar de argelinos pasaron la noche del seis al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.En el Colegio de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de 2017, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guarda, cita comisaria extranjeria uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de formación profesional Hespérides. Allá tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.Los argelinos terminaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo precisamente pues el asimismo popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a 60 argelinos. Ahora, calle garcia de paredes 65 cita previa es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.