Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administraci?n
Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración16/02/2019 16:51 — Actualizado: 18/02/2019 10:03
Saltarse un stop acarrea una multa de doscientos euros. No obstante, a un valisoletano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al estimar injusta la infracción. «Se desplegaron medios técnicos para probar que el agente no podía haber visto la presunta infracción, pero al final su palabra predomina, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes», explica el abogado que llevó la defensa del conductor.
La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal como notificó. A raíz de las impulsadas en 2011 por, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien demanda sin fundamento paga' a, de forma directa, 'quien pierde paga'. «El ciudadano no se puede proteger cuando tiene que demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse frente a actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o exagerados», demanda el letrado, que solicita continuar en el anonimato.Cada año se registran casi un par de millones de casos menos en la vía penal y, sin embargo, tardan un cuarenta y cinco por cien más en resolverse y cada vez existen más gente con antecedentes, ¿por que?A tenor cita extranjería almería de la información recopilada por El Confidencial de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos tiempos se ha atrevido a pelear contra las instituciones en los tribunales. Desde dos mil once, los procedimientos presentados cada año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un 32 por ciento (de doscientos noventa a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado a su vez que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a ciento ochenta y seis mil). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, ya que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las resoluciones de la Administración ante el riesgo de ser condenados en costas.La Ley 37/2011 se denominó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde entonces lo logró, «mas a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas normas cercenan sus derechos haciendo poco a poco más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la », apunta el letrado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de 200 euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a cien euros; y encima si pierdes, el letrado del Estado, esto es, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté completamente loco".
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Saltarse un stop acarrea una multa de doscientos euros. No obstante, a un valisoletano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al estimar injusta la infracción. «Se desplegaron medios técnicos para probar que el agente no podía haber visto la presunta infracción, pero al final su palabra predomina, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes», explica el abogado que llevó la defensa del conductor.La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal como notificó. A raíz de las impulsadas en 2011 por, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien demanda sin fundamento paga' a, de forma directa, 'quien pierde paga'. «El ciudadano no se puede proteger cuando tiene que demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse frente a actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o exagerados», demanda el letrado, que solicita continuar en el anonimato.Cada año se registran casi un par de millones de casos menos en la vía penal y, sin embargo, tardan un cuarenta y cinco por cien más en resolverse y cada vez existen más gente con antecedentes, ¿por que?A tenor cita extranjería almería de la información recopilada por El Confidencial de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos tiempos se ha atrevido a pelear contra las instituciones en los tribunales. Desde dos mil once, los procedimientos presentados cada año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un 32 por ciento (de doscientos noventa a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado a su vez que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a ciento ochenta y seis mil). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, ya que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las resoluciones de la Administración ante el riesgo de ser condenados en costas.La Ley 37/2011 se denominó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde entonces lo logró, «mas a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas normas cercenan sus derechos haciendo poco a poco más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la », apunta el letrado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de 200 euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a cien euros; y encima si pierdes, el letrado del Estado, esto es, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté completamente loco".Todos en contra
Desde un primer instante, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, singularmente los económicamente más frágiles. «Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más esencial en la minoración de asuntos, lo que resulta en especial grave por el hecho de que ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano frente a la actuación de la Administración y, por qué no decirlo, en frente de los abusos de la Administración», apuntan desde el, al tiempo que critican que el propósito de la reforma de 2011 «fue reducir el número de procedimientos judiciales y con esto restringir el derecho de acceso a los tribunales».Para algunos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, pues se trata de un costo que el contribuyente ya está sufragando por medio de sus impuestos. «A los abogados de la Administración ya les estamos pagando un sueldo entre todos. Además de esto, muchas veces la administración responde de forma absolutamente automática, y hasta el momento en que no recurres no se miran los papeles. Te obligan a recurrir cuando podría ser considerablemente más eficaz», explica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada.El rechazo masivo de los abogados al principio judicial del 'quien pierde paga' ha sido apoyado aun por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, juez en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la especial incidencia de este criterio en «los temas de menor cuantía, que de forma casual son los que afectan al 80 por cien de la población». Entre estos, Chaves cita extranjería almería las multas de baja cuantía, inconvenientes tributarios menores, subvenciones rechazadas o bien permisos de funcionarios.Las costas surten un fuerte efecto disuasorio para un atemorizado David, al tiempo que el Goliat administrativo persistirá indiferenteChaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en el mes de abril de dos mil quince, al afirmar que «las costas desincentivan al particular, mas no al político ni a la Administración como persona jurídica». El juez recuerda que las administraciones encaran el pago de las costas a cargo de los presupuestos públicos, costeados a través de los impuestos. «Tal imposición de costas en asuntos de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasorio para un asustado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferente», resumió el magistrado.«Las grandes beneficiadas en este tema son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en menoscabo de la tutela judicial efectiva. El Estado legisla desde el poder legislativo y resguarda al poder ejecutivo», agregan desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: «Al final se trata de dificultar que el ciudadano pueda defender sus derechos frente a la Administración».Arbitrariedad de los honorarios
Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Pero además, si bien la medida lleva ya 7 años en vigor, los abogados todavía no saben a qué atenerse si sus casos son condenados en costas, por el hecho de que la cuantía de sus honorarios no está regulada y acostumbran a imponerse las totales. «Es completamente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han tenido que abonar ochocientos euros de costas y otros hasta 1.500», explica la abogada Mónica Huerta, cita extranjería almería especializada en extranjería, exactamente uno de los conjuntos frágiles a no recurrir por el peligro de las costas.No puede equipararse al letrado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del EstadoSin embargo, cuando es la propia Administración la que debe de abonar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: «En muchas ocasiones no cubren para nada el costo del litigio, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del usuario en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste», añade Huerta. Esta letrada demanda asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, de nuevo, dependa del criterio de cada juez: «Es simple saber, conforme el juzgado que te toque, si te va a mandar pagar costas o bien no. Al final, se transforma en un filtro».«No puede compararse al letrado de la calle», resalta el abogado de la multa de tráfico, «al profesional liberal, que debe mantener su propio despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada».Aparte de la minoración de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento a la hora de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde 2011. O bien como señala Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada, «al final solo recurre el que está totalmente seguro de que ganará».Reforma legal que va a morir con la legislatura
Paradójicamente, el propio PSOE ha presentado una, bloqueada en la Comisión de Justicia y que, para volver a la situación precedente a la reforma legal impulsada por Zapatero en dos mil once debido a «las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato dispar que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas», expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.«Entendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o bien culposa, esto es, con mala fe o temeridad», agrega.Sin embargo, pedir cita para informacion en extranjeria para el diputado andaluz la causa de la disminución de los temas judiciales en los últimos años hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en dos mil doce por parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. «Deseamos valorar si una hipotética condena en costas puede ser disuasorio para el ejercicio del derecho de acceso al proceso», apunta.Desde el, cita previa extranjeria logroño en cambio, lo tienen claro: «En frente de los privilegios de la Administración, el ciudadano se encuentra en una posición de inferioridad y, al menos, se debe posibilitar —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles en frente de los abusos».Fe de errores: en una versión precedente del documental se indicaba que José Ramón Chaves García era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando desde hace un par de años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.--¿Tienes más información sobre la Administración de la Justicia? Envíanosla de forma anónima por medio de o bien ponte en contacto con nosotros en investigacion@elconfidencial.com.