El Colapso De Las ComisaríAs Bloquea Los TráMites De Los Ciudadanos ExtranjerosLos inmigrantes en España encaran una carrera de obstáculos para formalizar sus papeles. A las, se suma el colapso de las comisarías que solo atienden presencialmente y mediante citas anteriores. Lograrlas supone, en el caso de la capital de España y Barna, pasar semanas entrando cientos y cientos de veces en la página web o abonar entre veinte y 200 euros por un servicio que habría de ser sin coste. "¡No es posible que en mi despacho, uno de los más grandes de España, estemos en turnos de 24 horas frente a un PC buscando citas!", exclama el director de la consultoría Legalteam, Guillermo Morales Catá. «Tenemos cientos y cientos de clientes del servicio pendientes de una fecha para la toma de huellas. Encontrando una al día, ¿cuánto tardaríamos en dar salida a todos?», cuestiona.
La reanudación de los trámites presenciales tras el fin del estado de alarma ha vuelto a sobrepasar la capacidad de la Policía para atender a los extranjeros. Con miles de trámites acumulados y la capacidad para administrarlos mermada por las exigencias de distanciamiento físico, el negocio de las citas anteriores vuelve a estar en apogeo. Se venden en despachos, locutorios y hasta en Wallapop. «Llevaba 12 años en España sin papeles y por fin logré mi permiso, pero estaba preocupado por el hecho de que solo tenía treinta días para registrar mis huellas y acabé pagando 50 euros. Juegan con la desesperación de la gente», cuenta el salvadoreño Abraham desde Barna.
El sol pega fuerte en la comisaría general de extranjería de Aluche, en la villa de Madrid, un edificio amarillo de ventanas azules en medio de la nada. Bordeando el enorme complejo hay estos días cientos de personas que aguardan colas de múltiples horas con la única sombra de una parada de autobús. Hay 34 grados, no hay donde adquirir agua, pero sí un seguro de salud que ofertan un par de comerciales a lo largo de la espera. Los policías inspeccionan la cola de vez en cuando dando instrucciones y despejando las preguntas de los inmigrantes de forma tosca.«Intenté lograr mi
cita previa nie policia terrassa todos los días desde el 21 de junio, cuando se reanudaron los trámites, hasta el día de ayer [por el martes], que me metí en la página web 153 veces. Y a la ciento cincuenta y cuatro lo conseguí», describe en la cola Noelia Pinto, una hondureña de 35 años que precisa imprimir sus huellas para renovar su permiso de vivienda. Tras la administración aguardará cerca de 40 días hasta el momento en que su nueva tarjeta esté lista y para retirarla tendrá que pedir cita. Otra vez. La situación sería impensable si se tratase de sacar el documento nacional de identidad, En España hay más de cinco millones de extranjeros, conforme el Instituto Nacional de Estadística, un 63 por cien de fuera de la UE.
La Policía acepta en unas ciento cincuenta comisarías de toda España los 2 trámites esenciales para los extranjeros que concentran el mayor número de quejas recibidas por este periódico en las últimas un par de semanas. Se trata de la toma de huellas, sin la que no se expide la tarjeta de vivienda, y la recogida de esa tarjeta. Ninguna de esas gestiones funciona con normalidad. La Policía tampoco está consiguiendo asumir las demandas de miles y miles de solicitantes de asilo pendientes de hacer la entrevista para formalizar su petición. Madrid y Barna padecen los mayores colapsos, conforme los abogados consultados. El Gobierno, forzado por la pandemia, en las oficinas de extranjería, pero los trámites que asume la Policía, con unos recursos limitados, es inexcusablemente presencial.
En la comisaría de extranjería de Gràcia, en Barna, la situación se repite. Caras de incertidumbre, angustia y frustración. Medio centenar de personas espera en fila con sus mascarillas. El sacerdote Rudolph Makunge, de 38 años, lleva desde febrero intentando conseguir una cita para la toma de huellas. La consiguió, al fin, para el pasado dieciocho de marzo, mas se canceló y sigue sin poder conseguir una nueva. «Estoy buscando ayuda porque no sé qué hacer. Intento todos y cada uno de los días», especifica Makunge, que emigró desde Tanzania. Cree que aquellos con citas canceladas durante el confinamiento «deberían tener prioridad» en el trámite. A unos pasos, un joven se aproxima a uno de los guardas de seguridad. Le reclama que no haya citas. «Es patraña, hay 50 al día. Hay que tener un poco de paciencia. O bastante», responde el agente. La atención presencial está limitada, los funcionarios prosiguen trabajando desde casa y se intenta gestionar la demanda desde una sola ventanilla. Las dudas, por correo.«Hace falta habilitar más oficinas. Hay una falta brutal de personal y se mantiene un modelo en el que la Policía está haciendo labores de documentación cuando podrían aceptarlas personal administrativo», mantiene Fernando García Castro, secretario general de CC OO en el Ministerio del Interior. «Falta personal, mas también más eficacia en la gestión», cita nie familiar comunitario afirma Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. «Se puede asignar una cita de manera automática con la resolución de concesión de la residencia, se puede evitar la toma de huellas en renovaciones pues ya están en la base de datos y asimismo se podría entregar la tarjeta a un representante y sin precisar cita, pero la obsesión de Interior por el control no lo permite», añade Solans. El Ministerio del Interior no ha respondido a las preguntas de este diario.Sin la tarjeta de residencia en vigor en mano, no se puede viajar por norma general y se complica firmar un contrato con empleadores que no se fían si no ven el documento físico. «El papel en el que afirma que nos dan la residencia no lo admite absolutamente nadie, desean la tarjeta», lamenta Luz Marina Rangel, una venezolana de 54 años, agobiada por un trabajo. La mujer se encomienda a Dios pues lleva desde finales de junio procurando recobrar su cita cancelada por la pandemia. «Esto es atroz para nosotros», lamenta en frente de la comisaría mientras espera a una amiga. «Ella pagó veinte euros por la cita, pero a otra amiga quisieron cobrarle 200. Yo no tengo trabajo y no me lo puedo permitir con lo que sigo intentándolo con el favor de Dios». «Si la Administración gestiona mal las cosas hay gente que se aprovecha», mantiene Morales Catá, de Legalteam. "¿Tú te imaginas que esto pasase con los españoles?".