Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 De Los Inmigrantes Argelinos
Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por cien De Los Inmigrantes ArgelinosLa polémica política suscitada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados ya antes a la predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e inclusive irregulares». Específicamente, el Colegio de Abogados estudia elevar una protesta frente al encargado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo 65 de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado. Este colectivo profesional también desea conocer los motivos por los que la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, cita de reagrupacion familiar como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento temporal, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.
Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero recóndita alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados estiman que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro asunto mas no a estos.El Instituto advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción cinco. Esa cantidad de 106 personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, frente a las costas de la Región, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.
En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta el día de ayer por el Colegio de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza
El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la corporación reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.«No tenemos ni idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Colegio estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial completamente brutal, aun cara la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. En estas últimas 2 oleadas, la Policía consiguió que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, como a 6 por el homicidio por imprudencia de un niño de once años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, porque hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional queja frente al Consejo de Europa. Este especialista apuntó también que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.A través cita de reagrupacion familiar un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder el día de hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, Partido Popular, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración». El dispositivo de hace un par de años
Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras cosas pues cincuenta de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.En el Instituto de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.Los argelinos terminaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte controversia por cita previa policia de extranjeria no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), pedir cita previa para renovar tarjeta de residencia había llegado al cargo exactamente por el hecho de que el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a 60 argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.
Datos clave
En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el 20 de septiembre, el Municipio tuvo perseverancia mediante taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con el propósito de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos procurarían lograr más tarde Bélgica y Alemania.«No tenemos ni idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero recóndita alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.Críticas al «efecto llamada»
Tanto en un caso como en el otro, los abogados estiman que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes están en su derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro asunto mas no a estos.El Instituto advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo
Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción cinco. Esa cantidad de 106 personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, frente a las costas de la Región, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.
En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta el día de ayer por el Colegio de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y ZaragozaEl diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la corporación reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.«No tenemos ni idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y agregó que en el Colegio estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial completamente brutal, aun cara la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. En estas últimas 2 oleadas, la Policía consiguió que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, como a 6 por el homicidio por imprudencia de un niño de once años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, porque hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional queja frente al Consejo de Europa. Este especialista apuntó también que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.A través cita de reagrupacion familiar un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder el día de hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, Partido Popular, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración». El dispositivo de hace un par de añosLos populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras cosas pues cincuenta de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.En el Instituto de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.Los argelinos terminaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte controversia por cita previa policia de extranjeria no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), pedir cita previa para renovar tarjeta de residencia había llegado al cargo exactamente por el hecho de que el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a 60 argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.
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1) Originaria y derivada: La doctrina tradicional venía distinguiendo entre una adquisición originaria y una adquisición derivada de la nacional, conforme ésta se atribuyese o bien no desde el momento del nacimiento. Puede existir el caso de «españoles de origen», los cuales, desde su nacimiento vinieran ostentando una nacionalidad diferente a la de España. Por ello, según nuestra Constitución de España, «ningún español de origen va a poder ser privado de su nacionalidad»(art.11.2), lo que excluye la privación por sanción judicial o bien administrativa para los españoles que lo sean «de origen».Además de esto, conforme el artículo 11.3 de la Constitución, los españoles no pierden la nacionalidad aunque adquieran la de ciertos países iberoamericanos o la de alguno de los países que tengan una particular vinculación con España, como Andorra, Filipinas, G. Ecuatorial y Portugal.2) Automática: Se adquiere de forma automática la nacionalidad española sin necesidad de que el interesado tenga que declararlo, ni de un acto de reconocimiento por pedir cita extranjeria por telefono la autoridad, ni de anotarse en el Registro Civil por la adquisición de dicha nacionalidad. Estos casos se dan cuando se trata de una persona con filiación de español, o alguien que es adoptado por un español a lo largo de la minoría de edad, etc.HOMOLOGACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOSLalegalización de documento público extranjero es el acto administrativo a través del que se dota de validez al mismo. Esta actuación se hace por unfuncionario, notario ojuez con el fin de comprobar la autenticidad de lafirma presente como la calidad de la autoridad firmante del documento.Tanto cualquier documento público extranjero en España como cualquier documento público de España en el extranjero para ser válido debe pasar por este procedimiento de legalización. Es posible la existencia de instrumentos jurídicos que exoneren de esta obligación.Dada nuestra realidad en la que los intercambios entre países son numerosos, se intenta facilitar la legalización de estos documentos. Para esto, los diferentes países, y entre ellos España, han firmado convenios, especialmente el Convenio de La Haya, en que se facilita los trámites a sus ciudadanos, de forma que, en el presunto de legalización, los países firmantes hicieran un reconocimiento mutuo de los documentos eliminando la necesidad de este acto administrativo, bastando un simple sello o apostilla.Los originales de los documentos públicos o bien las copias auténticas expedidas por las Autoridades de la Administración Pública son objeto de legalización, como testimonios realizados por notario.
Para los menores de edad que hayan nacido en España, a pesar 
Asimismo se puede reagrupar a aquellos ascendientes tanto del reagrupante como de su cónyuge, como ocurre con los hijos.Para llevar a cabo los trámites de reagrupación familiar debe acudir hasta la Oficina de Extranjería de la provincia en la que esté residiendo.Hay que presentar una serie de documentos a la hora de realizar la solicitud como una imitación de la autorización o bien permiso de residencia, autorización de trabajo y todo aquello que pruebe el parentesco y la relación con quienes quiera reagrupar, así como otros datos económicos demostrar que podrá sostener las necesidades de sus familiares con sus recursos, que dispone de una vivienda y de atención sanitaria.Contacte con nuestros abogados de Alicante si nos necesita para esta o bien para otras cuestiones relacionadas con el Derecho de Extranjería. Llámenos sin compromiso y va a quedar satisfecho con nuestros servicios.HOMOLOGACIONES DE ESTUDIOS
¿Es un ciudadano extranjero que ahora reside en este país? Si ya ha encontrado un trabajo y cuenta con todos los permisos para vivir acá, 
Nosotros le asistiremos con los trámites y le indicaremos los documentos que precisará, la homologación se realizará respecto a un título oficial y que esté actual en España siempre y en toda circunstancia incluido en los Títulos Universitarios Oficiales para que su título tenga equivalencia con uno de España.Una vez ya hayamos realizado el paso precedente frente a la administración que corresponda y esté homologado, ya va a poder contar con su título que será válido en España, como si hubiese cursado sus estudios aquí.Los títulos no universitarios podrá homologarlos presentando la documentación que se le pida, que ha de ser oficial y certificada.Se trata de una serie de trámites que no son difíciles, pero para los que puede precisar asesoramiento profesional, sobre todo en el caso de que surgiera algún inconveniente o de que le afirmaran que no es válido.Nuestros abogados examinarán su documentación y le orientarán en todos los trámites a fin de que pueda convalidarlos y que así tenga su reconocimiento tanto en su país como fuera.Si está interesado trabajamos desde nuestro despacho de Alicante y ofrecemos una atención personalizada y de confianza, cuente con nosotros y va a contar con su título homologado antes de lo que imagina.