Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administraci?n
Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración16/02/2019 16:51 — Actualizado: 18/02/2019 10:03
Saltarse un stop acarrea una multa de 200 euros. Sin embargo, a un valisoletano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al estimar injusta la infracción. «Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, pero al final su palabra predomina, merced a la consabida presunción de veracidad de los agentes», explica el abogado que llevó la defensa del conductor.
La sorpresa vino una vez desechada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal y como informó. A raíz de las impulsadas en 2011 por, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien demanda sin fundamento paga' a, de forma directa, 'quien pierde paga'. «El ciudadano no se puede proteger cuando debe demandar a la Administración, puesto que sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse en frente de actos de la Administración, muy frecuentemente arbitrarios o exagerados», demanda el letrado, que solicita continuar en el anonimato.Cada año se registran casi dos millones de casos menos en la vía penal y, no obstante, tardan un 45 por cien más en resolverse y cada vez existen más gente con antecedentes, ¿por que?A tenor de la información recopilada por El Reservado de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha audaz a pelear contra las instituciones en los tribunales. Desde dos mil once, los procedimientos presentados de año en año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un treinta y dos por ciento (de doscientos noventa a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado por cita extranjeria por telefono su parte que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, en tanto que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las decisiones de la Administración frente al peligro de ser condenados en costas.La Ley 37/2011 se llamó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde entonces lo consiguió, «pero a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas reglas cercenan sus derechos haciendo cada vez más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la », apunta el letrado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de doscientos euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a 100 euros; y encima si pierdes, el abogado del Estado, esto es, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté absolutamente loco".
«Comprendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino que a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con mala fe o bien temeridad», añade.Sin embargo, para el diputado andaluz la causa de la disminución de los temas judiciales en los últimos años hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en 2012 por la parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. «Deseamos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasivo para el ejercicio del derecho de acceso al proceso», apunta.Desde el, en cambio, lo tienen claro: «En frente de los privilegios de la Administración, el ciudadano se halla en una posición de inferioridad y, por lo menos, se debe permitir —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles frente a los abusos».Fe de errores: en una versión precedente del reportaje se indicaba que José Ramón Chaves García era magistrado del Tribunal Superior cita extranjeria por telefono de Justicia de Galicia cuando desde hace un par de años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.--
¿Tienes más información sobre la Administración de la Justicia? Envíanosla de forma anónima mediante o ponte en contacto con nosotros en investigacion@elconfidencial.com.
Saltarse un stop acarrea una multa de 200 euros. Sin embargo, a un valisoletano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al estimar injusta la infracción. «Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, pero al final su palabra predomina, merced a la consabida presunción de veracidad de los agentes», explica el abogado que llevó la defensa del conductor.La sorpresa vino una vez desechada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal y como informó. A raíz de las impulsadas en 2011 por, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien demanda sin fundamento paga' a, de forma directa, 'quien pierde paga'. «El ciudadano no se puede proteger cuando debe demandar a la Administración, puesto que sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse en frente de actos de la Administración, muy frecuentemente arbitrarios o exagerados», demanda el letrado, que solicita continuar en el anonimato.Cada año se registran casi dos millones de casos menos en la vía penal y, no obstante, tardan un 45 por cien más en resolverse y cada vez existen más gente con antecedentes, ¿por que?A tenor de la información recopilada por El Reservado de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha audaz a pelear contra las instituciones en los tribunales. Desde dos mil once, los procedimientos presentados de año en año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un treinta y dos por ciento (de doscientos noventa a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado por cita extranjeria por telefono su parte que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, en tanto que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las decisiones de la Administración frente al peligro de ser condenados en costas.La Ley 37/2011 se llamó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde entonces lo consiguió, «pero a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, puesto que esas reglas cercenan sus derechos haciendo cada vez más bastante difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la », apunta el letrado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de doscientos euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a 100 euros; y encima si pierdes, el abogado del Estado, esto es, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté absolutamente loco".Todos en contra
Desde un primer instante, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, singularmente los económicamente más frágiles. «Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la minoración de asuntos, lo que resulta singularmente grave por el hecho de que ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano frente a la actuación de la Administración y, por qué razón no decirlo, en frente de los abusos de la Administración», señalan desde el, cita previa policía nacional toma de huellas al tiempo que critican que la meta de la reforma de dos mil once «fue reducir el número de procedimientos judiciales y con ello limitar el derecho de acceso a los tribunales».Para algunos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, puesto que se trata de un coste que el impositor ya está sufragando mediante sus impuestos. «A los abogados de la Administración ya les estamos pagando un sueldo entre todos. Además, muy frecuentemente la administración contesta de manera totalmente automática, y hasta el momento en que no recurres no se miran los papeles. Te fuerzan a recurrir cuando podría ser considerablemente más eficaz», explica Mariola Aguilar, del Instituto de Abogados de Granada.El rechazo masivo de los abogados al comienzo judicial del 'quien pierde paga' ha sido apoyado incluso por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, juez en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la singular incidencia de este criterio en «los temas de menor cuantía, que de manera casual son los que afectan al ochenta por ciento de la población». Entre estos, Chaves cita extranjeria por telefono las multas de baja cuantía, inconvenientes tributarios menores, subvenciones denegadas o permisos de funcionarios.Las costas surten un fuerte efecto disuasorio para un atemorizado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferenteChaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en abril de 2015, al aseverar que «las costas desincentivan al particular, mas no al político ni a la Administración como persona jurídica». El magistrado recuerda que las administraciones afrontan el pago de las costas a cargo de los presupuestos públicos, sufragados mediante los impuestos. «Tal imposición de costas en temas de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasivo para un asustado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferente», resumió el juez.«Las grandes beneficiadas en este tema son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en detrimento de la tutela judicial eficaz. El Estado legisla desde el poder legislativo y protege al poder ejecutivo», agregan desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: «A la postre se trata de complicar que el ciudadano pueda defender sus derechos en frente de la Administración».Arbitrariedad de los honorarios
Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Mas además de esto, si bien la medida lleva ya 7 años en vigor, los abogados todavía no saben a qué atenerse si sus casos son condenados en costas, porque la cuantía de sus honorarios no está regulada y acostumbran a imponerse las totales. «Es totalmente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han tenido que abonar 800 euros de costas y otros hasta 1.500», explica la letrada Mónica Huerta, experta en extranjería, precisamente uno de los conjuntos frágiles a no recurrir por el peligro de las costas.No puede compararse al letrado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del EstadoSin embargo, cuando es la propia Administración la que debe pagar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: «En muchas ocasiones no cubren para nada el costo del pleito, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del usuario en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste», agrega Huerta. Esta letrada denuncia asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, de nuevo, dependa del criterio de cada juez: «Es fácil saber, según el juzgado que te toque, si te va a mandar pagar costas o bien no. Al final, se convierte en un filtro».«No puede compararse al letrado de la calle», resalta el abogado de la multa de tráfico, «al profesional liberal, que tiene que sostener su despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada».Aparte de la minoración de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento a la hora de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde dos mil once. O como señala Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada, «al final solo recurre el que está plenamente seguro de que va a ganar».Reforma legal que morirá con la legislatura
Paradójicamente, el propio Partido Socialista ha presentado una, bloqueada en la Comisión de Justicia y que, para volver a la situación anterior a la reforma legal impulsada por Zapatero en 2011 debido a «las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato dispar que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas», expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.«Comprendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino que a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con mala fe o bien temeridad», añade.Sin embargo, para el diputado andaluz la causa de la disminución de los temas judiciales en los últimos años hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en 2012 por la parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. «Deseamos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasivo para el ejercicio del derecho de acceso al proceso», apunta.Desde el, en cambio, lo tienen claro: «En frente de los privilegios de la Administración, el ciudadano se halla en una posición de inferioridad y, por lo menos, se debe permitir —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles frente a los abusos».Fe de errores: en una versión precedente del reportaje se indicaba que José Ramón Chaves García era magistrado del Tribunal Superior cita extranjeria por telefono de Justicia de Galicia cuando desde hace un par de años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.--¿Tienes más información sobre la Administración de la Justicia? Envíanosla de forma anónima mediante o ponte en contacto con nosotros en investigacion@elconfidencial.com.
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Si interesa que USCIS se comunique con su representante legal acerca de su caso, debe presentar el. Para más información acerca de de qué forma hallar un representante legal, viste nuestra página web .Encuentre en esta página:Cómo Presentar el Formulario G-28Cuando usted presente el Formulario G-28 (data de edición: 05/23/18 y 09/17/18), puede concretar su preferencia para recibir las notificaciones y documentos seguros que le enviaremos. Si un demandante o bien peticionario presenta una solicitud o petición de beneficio en una versión precedente del Formulario G-28, solo admitiremos la solicitud o bien solicitud si cumple con los criterios de aceptación. En estas situaciones, no aceptaremos el Formulario G-28 y le devolveremos las notificaciones y documentos seguros al solicitante o bien peticionario.Opciones para Percibir Notificaciones y Documentos SegurosLas ediciones del Formulario G-28 con data del 05/23/18 y 09/17/18 le permiten señalarnos de qué manera quiere percibir las notificaciones y documentos seguros.La tabla a continuación resume las opciones:Tipo de DocumentoSi usted quiere que…Entonces…Ejemplos:Notificaciones, incluidas aquellas con un Formulario I-94 desprendibleUSCIS le envíe las notificaciones a su representante legalMarque la casilla del Ítem Número 1.a. de la Parte cuatro del Formulario G-28Ejemplos de estas notificaciones, incluyen:
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III. Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene la voluntad de favorecer cualquier medida que conlleve la modernización, simplificación y racionalización de los procedimientos y, pedir cita para poner huella en extranjeria en particular, aquellas que hagan más fácil el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones formales de los ciudadanos, a través de el impulso de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Estableciendo, además de esto, para quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, como es el caso de los abogados, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.(…)Que, igualmente, considera indispensable fomentar la colaboración social con los operadores jurídicos, económicos y administrativos que actúan en calidad de grandes comunicadores de documentación frente a los órganos administrativos de su competencia.(…)El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un marco de cooperación que favorezca las relaciones entre las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los ciudadanos y sus representantes, con la intención de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos ante las mismas, mediante la utilización 
En este sentido, en relación con las peticiones iniciales, cita extranjeria conforme lo dicho en la disposición auxiliar octava.6 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,